Corriente de adhesión a la responsabilidad patrimonial

El termino responsabilidad patrimonial cada día está ms presente en nuestra sociedad, yendo más allá de aquellas que se puede pedir a la administración pública por negligencias en su funcionamiento sino que yendo más allá y exigiendo por muchos ciudadanos una normativa legal que obligue a los gestores de la administración pública a responder con sus bienes, su patrimonio y su dinero de actos y actuaciones totalmente irresponsables.

No es una corriente popular exclusiva de un territorio como puede ser las islas canarias sino que se extiende a toda la península ibérica siendo parte del territorio el cabildo y sus gentes.

Desde Andalucía hasta el País Vasco pasando por Cataluña o Valencia y por supuesto el archipiélago Canario, en todas las zonas se alzan voces exigiendo una regulación patrimonial ante aquellos hechos y actuaciones desproporcionadas que han derrochado y malgastado millones de euros.

Se deben hacer cumplir la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se legisla que las personas o gestores públicos que de forma irresponsable incurran en irregularidades que afecten a las arcas públicas, deberán responder con su patrimonio ante sus actuaciones fraudulentas, algo semejante a lo que debería exigirse a altos directivos de empresas creadas y gestionadas por erario público.

Las responsabilidades se tienen que extender, según mi juicio, a los directivos y consejeros de los grandes bancos que atesoran en sus manos mucho poder y facultades que pueden perjudicar gravemente los intereses de sus accionistas por irregularidades y arbitrariedades llevadas a cabo por el abuso de su poder.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *